
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano del Consejo de Europa. No es una institución comunitaria, sino una institución internacional en la que participan 47 países del continente europeo. Su misión es desarrollar una serie de principios comunes basándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los 47 países miembros del Consejo de Europa, reunidos en una Conferencia en Interlaken (Suiza) el pasado día 19 de febrero, acordaron una Declaración conjunta en la que se afirma que la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo no tiene competencia sobre asuntos relacionados a la salvaguarda de las tradiciones y culturas nacionales; y, por lo tanto, no puede prohibir que se coloquen crucifijos en las escuelas de Italia. Según la Comisión Europea la decisión de situar símbolos religiosos en los edificios públicos es una competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión Europea ya que no hay actualmente en vigor ninguna legislación comunitaria al respecto. La nueva política limita las decisiones del Tribunal por motivos de tradición y cultura nacional de los países miembros de la Unión Europea.
Esta Declaración destaca el carácter subsidiario del mecanismo de control establecido por la Convención y en particular el papel fundamental que las autoridades nacionales, es decir, los gobiernos, los tribunales y parlamentos, deben desempeñar para garantizar y proteger los derechos humanos a nivel nacional.
Según Michele Cercone, portavoz europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, “la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos está regulada por el principio de subsidiaridad. Es una competencia de los Estados miembros, un aspecto no cubierto por ninguna legislación comunitaria actualmente en vigor”. La propia Conferencia reitera la obligación de los Estados Partes de garantizar que los derechos y libertades enunciados en la Convención estén plenamente garantizados en el plano nacional, y pide un refuerzo del principio de subsidiariedad.
Según el Ministro de Relaciones Exteriores lituano, Maris Riekstins, las sentencias de la Corte Europea debería ser “claras, precisas, no ambiguas y comprensibles para todas las partes”, lo que no ha sucedido en el caso de la “presencia del crucifijo en las escuelas”.
Carmelo Mifsu Bonnici, Ministro de la justicia de Malta, opina que el Tribunal no conoce suficientemente las características e identidades culturales de los Estados miembros.
En el texto de la Declaración de Interlaken se invita al Tribunal Europeo a “aplicar de manera uniforme y rigurosa” los criterios concernientes a su competencia y subraya la importancia de garantizar la claridad y coherencia de su Jurisprudencia, pidiendo en particular, una aplicación uniforme y rigurosa de los criterios relativos a la admisibilidad y competencia de la Corte.
(Autora: Cristina I. Ortega Martos)