Los pronunciamientos de la Iglesia en el espacio público

En un ambiente en el que flotan ideas laicistas, una de las cuestiones que mayor discusión suscita es la intervención de los pastores de la Iglesia en la tribuna pública, sobre todo cuando se refieren a asuntos de interés social en los que se confrontan con ideologías partidistas. Con la reciente visita a España del Cardenal Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede, que ha concentrado el interés de los medios de comunicación, ha vuelto a encenderse la polémica. Sus alusiones al derecho a la vida y a la dignidad de la persona, al uso moral de la ciencia o al verdadero matrimonio han sido mal recibidas por los partidarios del aborto, la investigación con embriones o las bodas homosexuales. ¿Tiene la Iglesia derecho a abordar estos asuntos, habida cuenta que no atañen solamente a sus fieles, sino al conjunto de la sociedad?

La respuesta tendría varios aspectos. Por un lado, el derecho de libertad religiosa garantiza a los dirigentes religiosos dirigirse a sus seguidores e instruirles en su doctrina; pero también protege la divulgación de un credo religioso y el apostolado entre quienes no son creyentes, siempre que se haga respetando su libertad. Sin embargo, la cuestión no sería exactamente esta, porque los temas que suelen generar debate no son propiamente confesionales, sino que pertenecen a lo que llamaríamos “derecho natural”. La dignidad de la persona, el respeto a la vida y a la libertad no son dogmas católicos, sino que afectan a todo hombre y mujer, y por eso vinculan también a la Iglesia, que ve en esos principios y derechos fundamentales la voluntad de Dios Creador. Por tanto, cuando la Iglesia defiende la familia fundada sobre el matrimonio y se dirige a la sociedad en su conjunto, pretende hacer una aportación recordando lo que considera un bien común. Y una sana laicidad no debiera tener prejuicios para que la Iglesia proponga su punto de vista en el ámbito público.

En este sentido, el Papa Benedicto XVI ha aclarado: «No hay que olvidar que, cuando las Iglesias o las comunidades eclesiales intervienen en el debate público, expresando reservas o recordando ciertos principios, eso no constituye una forma de intolerancia o una interferencia, puesto que esas intervenciones sólo están destinadas a iluminar las conciencias, permitiéndoles actuar libre y responsablemente de acuerdo con las verdaderas exigencias de justicia, aunque esto pueda estar en conflicto con situaciones de poder e intereses personales». Y también ha afirmado que no constituiría una sana laicidad «negar a la comunidad cristiana, y a quienes la representan legítimamente, el derecho de pronunciarse sobre los problemas morales que hoy interpelan la conciencia de todos los seres humanos, en particular de los legisladores y juristas. En efecto, no se trata de injerencia indebida de la Iglesia en la actividad legislativa, propia y exclusiva del Estado, sino de la afirmación y defensa de los grandes valores que dan sentido a la vida de la persona y salvaguardan su dignidad. Estos valores, antes de ser cristianos, son humanos, por eso ante ellos no puede quedar indiferente y silenciosa la Iglesia, que tiene el deber de proclamar con firmeza la verdad sobre el hombre y sobre su destino».

La sana laicidad, o la laicidad positiva de la que habla nuestro Tribunal Constitucional, debieran ser respetuosas con estas intervenciones, a las que ampara tanto la libertad religiosa –que tiene una dimensión pública– como la libertad de expresión.